El aumento de las tarifas de gas acaba de generar una nueva paradoja energética: aunque las distribuidoras, como Gas Natural Fenosa, Metrogas y Camuzzi, tienen mayores ingresos, acumulan cada vez más deudas con las petroleras que le proveen el recurso.
El incremento de las tarifas residenciales de gas, una buena noticia para el sector privado, trajo aparejado un claroscuro que envuelve a los actores de la industria. Es que de la mano del aumento para los usuarios domiciliarios –en agosto empezaron a llegar facturas con alzas de hasta un 670% en comparación con la tarifa de marzo-, el Gobierno presentó en abril un nuevo esquema de precios para el fluido en boca de pozo. Es la referencia que determina el ingreso de los productores del hidrocarburo. Las subas para ese segmento superan, en algunos casos, el 1200 por ciento.
A raíz de eso, aunque las distribuidoras de gas mejoraron su facturación, su caja no es suficiente para cubrir el aumento de la factura de los productores, que creció por encima que las tarifas hogareñas.
La discontinuidad de la cadena de pagos entre los distintos jugadores del negocio no es nueva. Viene, en rigor, desde 2009. A partir de julio de ese año, y a raíz del congelamiento tarifario que deterioró las finanzas de las empresas, las distribuidoras empezaron a pagar un 50% de la boleta de los productores a 30 días y el 50% restante a 60. Hasta ese momento, cancelaban todas sus obligaciones al mes de emitida la factura.
Sin embargo, a partir de julio de este año –y en función del desfasaje entre los aumentos autorizados para las tarifas y los habilitados para el precio en boca de pozo del gas-, las distribuidoras se vieron obligadas a diferir todavía más el pago a los productores. Así se lo comunicaron a las petroleras mediante una serie de notas cursadas entre privados.
La metodología de pago quedó estructurada del siguiente modo: un 30% de la factura a 30 días; otro 30% a 60 días; un 25% a 90, y el restante 15% a 120 días, es decir, cuatro meses después de despachado el gas por los gasoductos.
En un país con una inflación que oscila entre el 30 y el 40% anual, esa demora dista por mucho de ser intrascendente. Todo lo contrario. Como resultado también de la devaluación del dólar termina provocando una fuerte caída del ingreso real de los productores, entre los que se destacan YPF, la petrolera controlada por el Estado; la francesa Total; y Pan American Energy (PAE), entre otras.
“La explicación de las distribuidoras es que no tienen fondos para solventar el pago del aumento de precio del gas y por eso no les queda otra que ir pagando a medida que van cobrando”, explicaron a El Inversor Online desde una petrolera.
La Secretaría de Energía presentó en abril un “Esquema de racionalización del uso del gas natural”. Bajo ese paraguas, un productor de gas de Neuquén, que hasta marzo percibía US$ 0,372 por cada millón de BTU despachado a los usuarios R34, los de mayor consumo, empezó a cobrar en agosto US$ 5,095 por el fluido, es decir, 13,6 veces más que hasta entonces, según el esquema avalado por la cartera que hoy dirige Mariana Matranga.
Mientras tanto, los usuarios residenciales de gas que no ahorraron en el invierno sufrieron un fuerte aumento en sus boletas de los últimos meses y colmaron las oficinas de las distribuidoras para plantear reclamos.