Los reclamos argentinos, la presión de sus países aliados y la caída del 40% en los precios internacionales del crudo no desaniman a los habitantes de las Islas Malvinas: pese a que las dos principales petroleras instaladas en la zona (Premier Oil y Noble Energy) ya anunciaron una reducción de sus proyectos, el gobierno isleño todavía estima que podrían recibir en ese sector inversiones por u$s 2.000 millones, según documentos a los que accedió Infobae. Su esperanza es que las multinacionales dejen en la región aunque sea un mínimo porcentaje de sus futuras ganancias. Para eso, la Asamblea Legislativa que gobierna las Islas reglamentó esta semana el llamado «Código de Prácticas para Contrataciones de las empresas de gas y petróleo y sus subcontratistas que operan en las Falklands», una extensa guía con recomendaciones para la actividad de las multinacionales. Por el temor a ahuyentar las inversiones o recibir una avalancha de presentaciones judiciales, los nueve legisladores acordaron que por ahora el Código de Prácticas no sea una ley, sino tan sólo una sugerencia: aquellas compañías que no deseen acatarlo, podrán hacerlo sin ninguna consecuencia. El manager del programa de gas y petróleo de las Islas, Mike Brough, presentó un informe sobre el proyecto, en cuya redacción trabajó desde comienzos de este año. Infobae accedió tanto al Código como a las recomendaciones del ingeniero británico. En este último, el funcionario sugiere que la inclusión de las empresas locales no sea forzada por una ley, ya que sería abordar el problema «sólo con el método del garrote». Eso generaría el «peligro de que requisitos irreales desalienten las inversiones» e incluso daría pie a demandas judiciales.