Los salarios de los empleados de estaciones de servicio crecieron un 55% en los últimos siete años y es uno de los temas que más preocupa a los comercializadores, que vienen reclamando que desde hace tiempo su rentabilidad va en caída por el ritmo de aumento de los combustibles, que para ellos es escaso o insuficiente.
Pese a un repunte de 5,6% en la venta de combustibles líquidos en junio, de la mano de la reactivación económica y un boom de comercialización de la variedad premium, la agenda de los expendedores se encuentra enfocada en planteos sobre el precio al público de las naftas y el gasoil y qué porción de la torta se quedan.
Según pudo saber este medio, los estacioneros están atentos a la convergencia de los precios en 2018 con el mercado internacional y la posibilidad de que una baja en el mundo incremente sus costos, ante la estabilidad salarial. Para eso, les urge que el Gobierno apruebe una modificación en el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), que compensaría los movimientos súbitos y podría aplicarse el próximo año.
En concreto, un informe sectorial revela que mientras en mayo de 2010 hacían falta 668 litros de nafta súper para pagar el salario de un operario de playa, 85 meses después, en junio de este año, se necesitaban 1040 litros para cubrir los costos. «Los salarios han crecido ampliamente por encima de los precios», dijo Guillermo Lego, secretario general de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha).
Los planteos de los dueños de estaciones de servicio son una llamada de atención al líder sindical de los estacioneros y uno de los jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT), el massista Carlos Acuña, que este año acordó una paritaria del 20% en dos cuotas, en línea con lo que el Gobierno pretendía que se negociaran los salarios privados.
Acuña es uno de los integrantes del triunvirato sindical que promovió la marcha de la CGT a Plaza de Mayo, que se efectuará mañana.
Otro de las tareas que se propuso la Cecha para este año, tal vez la más polémica, es acelerar con el proyecto de ley de comercialización de combustibles, que por ahora duerme en el Congreso. La idea le quitaría el control de las ventas a YPF y debilitaría su downstream, el área que reporta mayores ganancias y atenúa los magros números en upstream y el impacto de la deuda contraída en la gestión de Miguel Galuccio.
No obstante el impulso que le imprime Cecha al proyecto, el caso De Vido y el proceso electoral, donde está en franco retroceso el bloque massista -que empuja la idea-, paralizaron el tratamiento.
Por su lado, el ministro Juan José Aranguren, que había expresado en reuniones privadas su apoyo, cambió de opinión y el proyecto perdió fuerza.
Fuente: Cecha