El proyecto oficial para modificar la ley de hidrocarburos promoverá la concentración antes que la competencia, favorecerá la concesión de derechos excepcionales a empresas que no invertirán más por el default y el cepo cambiario y tendrá vida corta porque lo modificará el próximo gobierno.
Ese devastador diagnóstico respecto del intento del kirchnerismo de modificar el marco legal del negocio petrolero para favorecer la llegada de nuevos desembolsos fue hecho ayer por los ocho ex secretarios de Energía, un grupo compuesto por Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña y Raúl Olocco, habitualmente críticos de la política energética.
Se sumaron así al rechazo de los gobernadores de las principales provincias petroleras, como Jorge Sapag (Neuquén), Martín Buzzi (Chubut), Francisco Pérez (Mendoza) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
«Creemos que el método elegido [para cambiar la ley] no es el correcto. Tampoco el tiempo. Todo eso va a llevar a un resultado que no es conveniente», sintetizó Lapeña según reprodujo La Nación.
El proyecto de ley tiene el visto bueno de la presidenta Cristina Kirchner, que recibió el pedido de boca del presidente de YPF, Miguel Galuccio. El secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, también participan de las gestiones.
El borrador estipula beneficios para la inversión privada y limita la injerencia de los gobernadores en las decisiones.
Según Lapeña, uno de los puntos débiles de la iniciativa es que se hará sobre la base de un pacto entre los gobernadores de las provincias petroleras y el Gobierno, todas administraciones que están en la etapa final de sus mandatos.
Lapeña criticó con dureza algunos puntos del proyecto. En especial, que «propone la prórroga automática de las concesiones existentes a cambio de algo más de regalías para las provincias. Así, algunas concesiones actuales podrían extenderse hasta 2060. Eso bloquea cualquier intento de hacer política energética», lamentó.