La defensa que hizo el candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, del papel del Estado en el control medioambiental en su visita a San Juan, en medio de la polémica por el derrame de un millón de litros de solución cianurada, despertó suspicacias. Es que el juez Pablo Oritja, que investiga el hecho, levantó la clausura a la planta de lixiviación de la mina Veladero, de la empresa Barrick, tras el discurso político.
«No hay un Estado ausente», afirmó Scioli al defender la gestión del gobierno provincial, liderado por José Luis Gioja, y reclamar «responsabilidad empresarial en la sustentabilidad ambiental». En su discurso, también anticipó que «hay que industrializar cada vez más» la actividad minera. Las palabras pronunciadas por el candidato oficialista se asociaron aquí con el levantamiento de la medida judicial.
Inicialmente, el juez de San Juan había clausurado por cinco días la operación, y hace tres la había extendido hasta el 22 octubre. En ese lapso, se conocieron tres cifras bien distintas del derrame en la cuenca del Jáchal: 15.000 litros, según circuló por las redes sociales; 224.000 litros, en un informe de Barrick para la provincia, y anteayer 1.000.000 de litros, en un comunicado oficial de la minera. Así lo publicó La Nación.
Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) reaccionaron en contra del juez. «Nos preocupan el hermetismo con el que se manejó el incidente, la escasa información sobre las circunstancias del hecho brindadas por las autoridades y las medidas de gestión de riesgo y manejo de contingencias utilizadas», señalaron los ambientalistas en un comunicado.