Por la caída de los precios y la coyuntura política, disminuye la inversión minera en la provincia

La cotización cayó un 30% en lo que va del año

Las empresas redujeron sus planes exploratorios por la baja de la rentabilidad. A su vez, quieren disminuir los costos de producción. Preocupa la implementación del Impuesto Inmobiliario Minero, que será impugnado en la Justicia por las mineras.

Si las mineras radicadas en Santa Cruz ya estaban complicadas por la creación el mes pasado de un Impuesto Inmobiliario provincial –aún no reglamentado–, que desde la óptica de las empresas amenaza con volver antieconómica la actividad en la región, el derrumbe del precio de la plata –el principal mineral que se extrae en el Macizo del Deseado– terminó de oscurecer el panorama. La cotización de la plata traspasó a fines de julio la frontera de los u$s 20 por onza, algo que no sucedía desde mayo de 2010, hace más de tres años.
Sólo en 2013, el precio acumula un descenso del 36%. Pasó de u$s 31 en enero a u$s 19,80 al cierre en los mercados norteamericanos. En la Argentina, la caída afecta, en especial, a los productores metalíferos de Santa Cruz, dado que, si bien producen oro, los yacimientos del Macizo del Deseado aportan, mayoritariamente, plata.
Frente a ese escenario, las mineras –que cuentan con tres productores medianos, como Minera Triton, Cerro Vanguardia y Minera Santa Cruz– se vieron forzadas a aplicar fuertes planes de ajuste para cuidar la caja. Así lo admitió un alto directivo de una de las compañías, que aceptó que por la erosión de la rentabilidad del negocio debió retraer un 50% la inversión destinada a exploración y un 40% los desembolsos para proyectos “de avance”, que apuntan a certificar nuevas reservas probadas de metales.
“Nos concentraremos sólo en la producción, buscando reducir costos para evitar un rojo en la caja”, señaló a El Inversor Energético & Minero. “Es una pena porque comprometemos el proyecto al no poder avanzar con la exploración”, añadió.
Las tres minas activas de Santa Cruz producen en conjunto, por año, alrededor de 600.000 onzas de oro equivalente, aunque la mayor parte de esa oferta es plata. Las compañías aún no tienen claro hasta cuándo se prolongará el escenario actual de precios bajos. La gran incertidumbre gira en torno a la cotización del oro, que desde enero cayó un 23%. A fines de julio, la onza cotizó a u$s 1.270, muy lejos de los u$s 1.800 que llegó a rozar en noviembre del año pasado.

A la expectativa

“El escenario está muy complicado porque, si bien se esperaba un amesetamiento, nadie preveía un descenso tan marcado de los precios. Hoy sólo nos preocupamos por reducir los costos de producción para evitar pérdidas”, explicaron desde otra minera. “En Santa Cruz, además, continúa la incertidumbre normativa, por lo que la coyuntura es más complicada”, agregó.
Las empresas están a la espera de que la gobernación de Daniel Peralta presente la reglamentación de la ley que creó el Impuesto Inmobiliario Minero, que grava el 1% de las reservas minables que las empresas declaren en el subsuelo. La norma, aprobada por la Legislatura el 14 de junio, aún no se encuentra efectiva, dado que la administración santacruceña no publicó su decreto reglamentario.
Desde la óptica de los privados, su implementación atenta contra la continuidad de la actividad minera en la provincia, sobre todo en materia de exploración. Según los cálculos que barajan en la industria, cada uno de los tres productores tendría que pagar entre u$s 15 y 30 millones anuales para cumplir con la medida. En tanto que Goldcorp, la minera canadiense que está finalizando la construcción de Cerro Negro (una nueva mina que será inaugurada en noviembre próximo), tendría que pagar más de u$s 60 millones.
“Son números inviables. Si Peralta avanza con la reglamentación, las empresas recurrirán a la Justicia para frenar su aplicación. La medida es anticonstitucional porque viola la Ley de Inversiones Mineras, que otorgó estabilidad fiscal a las compañías”, explicaron desde la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM). ›|‹