Según la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros
Si no existieran las restricciones a la minería metalífera que actualmente impone la Ley 7.722, la provincia cuyana podría incrementar su Producto Geográfico Bruto en cerca de un 25%.
Un informe de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN) estima que la provincia gobernada por Francisco “Paco” Pérez deja de ganar unos u$s 1.215 millones anuales debido a la prohibición que pesa sobre la minería uranífera y metalífera a gran escala. La cifra representa casi un 25% del Producto Geográfico Bruto (PGB) total de Mendoza, que oscila en torno a los u$s 5.000 millones, según el cambio oficial.
De acuerdo con el estudio, que apunta a cuestionar las restricciones impuestas por la Ley 7.722, con el aporte del sector minero durante el próximo lustro las arcas provinciales podrían recibir u$s 232 millones tan sólo en concepto de impuestos directos e indirectos. Adicionalmente, el segmento estaría en condiciones de obtener una rentabilidad del orden de un 15%, con una carga impositiva superior al 50%.
En consonancia con la difusión del trabajo de la CAMEN, el gobernador Pérez acaba de pedir que se reabra el debate sobre la minería provincial. “Me tiene sin cuidado el uso político que, en épocas electorales, puedan hacer algunos candidatos sobre esta cuestión. En algunos casos puede haber oportunismo y en otros no. Pero lo importante es reabrir el debate, siempre y cuando se haga con información fidedigna, porque se trata de un tema delicado para todos”, aseguró el mandatario durante el acto de lanzamiento de una nueva línea de créditos para la industria.
Inversiones paralizadas
Desde 2007, año en que entró en vigencia la Ley 7.722, la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza emitió dos declaraciones de impacto ambiental para proyectos mineros metalíferos: la de San Jorge (que fue archivada por la Legislatura) y la de Huemul (que sigue a la espera de su ratificación legislativa desde fines de 2009).
Las empresas que conforman la CAMEN ya realizaron un planteo judicial de inconstitucionalidad de la normativa, pedido que está en manos de la Corte Suprema. Según los cálculos de la entidad, la reglamentación que impide el uso de compuestos químicos para la extracción de metales mantiene en suspenso inversiones sumamente significativas. “Estamos hablando de un nivel de desembolsos que se sitúa entre los u$s 5.000 y los u$s 6.000 millones”, puntualiza Roberto Zenobi, gerente de la Cámara.
A su criterio, independientemente de lo que el futuro depare para el cancelado proyecto Potasio Río Colorado –que Vale tenía a su cargo en Malargüe–, la eventual reactivación de dos emprendimientos como Sierra Pintada (de uranio) y Don Sixto (de cobre y oro) significaría ingresos excepcionales para la provincia. “Con ellos en marcha, en dos años podrían captarse unos u$s 1.500 millones, además de crearse cerca de 1.500 puestos de trabajo directo”, precisa.
Según sus palabras, mientras la matriz productiva mendocina se agota, hay capitales interesados en promover nuevas fuentes de empleo para llevar a cabo actividades con un impacto mínimo sobre el 60% del territorio cordillerano que aún permanece sin explorar. “Sin embargo, el sector se encuentra paralizado por una norma que –entre otras incongruencias– prohíbe el uso de sustancias de venta libre en Mendoza”, señala. ›|‹