Edesur, con un rojo de $ 284 millones, Edelap (-$ 131 millones) y Edenor (-$ 112 millones) son los mayores deudores del sistema. Por problemas de caja, la administradora del mercado dejó de pagar la factura de los generadores.
Las distribuidoras de electricidad sólo abonaron, en conjunto, un 20,3% de lo que tenían que pagarle a Cammesa, la empresa administradora del mercado eléctrico. De la factura que venció el 9 de octubre, que computaba lo comercializado en agosto, las compañías sólo ingresaron $ 113 millones de un total de $ 555 millones.
La agudización del default de las distribuidoras –que desde mediados de año interrumpieron parcialmente los pagos de la factura de compra de energía a Cammesa por el incremento de los costos y el congelamiento tarifario– se trasluce en la deuda que acumulan las compañías del sector, que el mes pasado trepó a $ 952 millones. Es más, si se suma el rojo estimado para septiembre (los datos se conocerán a mediados de noviembre), el déficit superaría $ 1.000 millones, según pudo constatar El Inversor Energético & Minero a través de un relevamiento a partir de datos de las empresas.
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La distribuidora más complicada es Edesur, que brinda servicio al sur de la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Las compañías Petrobras y Endesa registran un rojo de $ 284 millones. Más atrás se ubican Edelap, controlada por un grupo liderado por Alejandro Macfarlane, que opera en La Plata, con una deuda de $ 131 millones, y Edenor, de Pampa Energía, con un déficit de $ 112 millones.
El segundo capítulo del default de las distribuidoras con Cammesa involucra a los generadores de energía. Sucede que, debido al incumplimiento del segmento de distribución, la administradora del mercado eléctrico se vio obligada a diferir los pagos a generadores por la compra de energía. Esa decisión también afectó a la transportadora Transener.
La explicación es simple: Cammesa es la encargada de gestionar el dinero que recaudan las distribuidoras por el cobro de tarifas, fundamentalmente renciales, aunque también a pequeños comercios e industrias. Como el default de las dos grandes distribuidoras de Buenos Aires y el Conurbano erosionó todavía más sus finanzas, desde mediados de octubre empezó a comunicarles a las generadoras que el cronograma de pagos será reprogramado a 30 y 35 días.
Precarización
“Es un paso más en la precarización del sistema. Hasta ahora, Cammesa sólo nos abonaba los gastos de operación y mantenimiento y los cargos por la potencia disponible. Buena parte de la factura permanece impaga y se acumula como acreencias a favor de las empresas en el Foninvemem, un fondo que prevé la construcción de nuevas centrales”, explicó el gerente comercial de una generadora del sur del país. “Ahora, ni siquiera nos reconocerán los costos operativos, con lo cual habrá que hacer malabares para pagar los sueldos”, advirtió.
A raíz del atraso de las boletas de luz en el área metropolitana –que ya lleva más de 10 años y provoca estragos financieros en las empresas–, este año las distribuidoras empezaron a prorratear las facturas de compra de electricidad a Cammesa. La deuda de la industria con la compañía mixta se aceleró en los últimos meses: pasó de orillar los $ 400 millones en junio a trepar hasta los $ 952 millones en octubre. Incluso son muchas las empresas –en especial, distribuidoras del interior y cooperativas– que ingresaron al régimen de Distribuidoras Morosos Crónicos (Dimocro), debido a que lo que deben equivale a tres meses de facturación. La distribuidora de Puerto Madryn, por ejemplo, registra un rojo de $ 18 millones, cuando su facturación mensual ronda los $ 2,7 millones.
Además de las tres grandes firmas de Capital Federal y el Conurbano, las más afectadas son las empresas eléctricas de Corrientes, que adeudan $ 89 millones; Emdersa, de Mendoza, con un saldo negativo de $ 104 millones; Misiones ($ 32 millones); Catamarca ($ 61 millones) y EPEN ($ 33 millones), y Santa Cruz ($ 26 millones), entre otras. En el mercado están a la espera de conocer los lineamientos generales del nuevo marco de “costo plus” que, tal como anunció Kicillof a los empresarios eléctricos en agosto –distribuidores, transportadores y generadores de energía–, reemplazará al sistema desregulado, implementado a principios de los 90.
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