19 meses de la estatización de YPF, un puñado de funcionarios y empresarios de primera línea de la Argentina, España y México alcanzaron un principio de acuerdo para zanjar el conflicto que causó, en abril del año pasado, la expropiación por parte del gobierno de Cristina Kirchner del 51% de las acciones de Repsol en la petrolera.
El encuentro , del que nada se había informado, empezó por la mañana y terminó bastante después del mediodía. En el salón de reuniones del piso 33 de la torre de YPF, en Puerto Madero, se vieron las caras el ministro de Industria de España, José Manuel Soria; el director general de Pemex, Emilio Lozoya; Isidro Fainé, presidente de Caixabank (los dos últimos, principales accionistas de Repsol), y Nemesio Fernández Cuesta, director general de Negocios de la firma española. Los anfitriones fueron el ministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; el embajador argentino en España, Carlos Bettini, y el dueño de casa, Miguel Galuccio, que preside la petrolera casi desde su estatización.
Al final de la reunión se difundió un escueto comunicado. Fue la primera bandera de paz que se agitó entre las partes en medio de un conflicto comercial y político que incluyó diatribas a uno y otro lado del Atlántico, peleas en tribunales internacionales (Repsol presentó una demanda contra el país en el Ciadi) y la apertura de sumarios por parte de la Comisión de Valores contra los directores de Repsol en YPF (dado que aún retiene el 12% de las acciones, le corresponden dos sillas en el máximo órgano de la empresa), de acuerdo con lo indicado por La Nación.
«Se ha arribado a un principio de acuerdo acerca de la compensación por la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF ocurrida en abril de 2012, sujeto a ratificación de los máximos órganos rectores de Repsol. Tal principio de acuerdo implicará fijar el monto de la compensación y su pago con activos líquidos, y que ambas partes desistirán de las acciones legales en curso», sostiene el párrafo más sustancial del comunicado. Trascendió que el monto acordado es 5000 millones de dólares. El preacuerdo debe ser aprobado mañana por el Consejo Directivo de Repsol.
El término «activos líquidos» es la clave del convenio, ya que abre la puerta a que tanto Repsol como la Argentina moderen sus pretensiones iniciales para lograr la firma de la otra parte.
La española, por caso, quería un resarcimiento inicial de 10.500 millones de dólares, que luego aumentó. Pero de acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, el pago rondaría los US$ 5000 millones, como quería originalmente el gobierno argentino.