Preocupan a la industria los dos nuevos impuestos que quiere establecer Peralta

Voracidad fiscal

Legisladores que responden al gobernador impulsan la creación del Impuesto Inmobiliario Minero y la aplicación de Ingresos Brutos a los productores de metales.

Los diputados que responden al gobernador Daniel Peralta impulsan un paquete de normas para incrementar sensiblemente la carga tributaria que pesa sobre el sector minero. Son, en rigor, dos iniciativas que apuntan a la creación de un Impuesto Inmobiliario, que obligará a las mineras a pagar un 1% de las reservas minables en los yacimientos metalíferos (si bien en términos relativos se trata de un porcentaje menor, en términos reales la aplicación del impuesto implicaría al equivalente de multiplicar por 4 ó 5 el valor de las regalías), y a gravar con Ingresos Brutos la exportación de recursos no renovables.
A través de esos dos impuestos, Peralta planea recaudar, anualmente, fondos extra por $ 205 millones, según los números presentados por el ministro de Economía y Obras Públicas, José Blassiotto. “El Impuesto Inmobiliario Minero nos permitiría sumar $ 155 millones, y el de Ingresos Brutos, $ 55 millones”, cuantificó el funcionario. Sin embargo, los cálculos que manejan las mineras son mucho más onerosos. “Estimamos que de convertirse en Ley, el Impuesto Inmobiliario implicará en nuestro caso el pago de más de $ 100 millones extras al fisco santacruceño”, advirtieron desde una de las empresas radicadas en el Macizo del Deseado.
Santa Cruz cuenta, en la actualidad, con tres minas en operación –Cerro Vanguardia, de AngloGold Ashanti, Minera Santa Cruz, de la peruana Hochschild, y Minera Triton, de Pan American Silver–, una en proceso de cierre (Mina Marta, de Coeur D’Alene) y otra cerca de ingresar en explotación (Cerro Negro, de Goldcorp), cuya fecha de apertura está prevista para noviembre de este año.
El proyecto de Ley para aplicar los dos nuevos impuestos fue redactado por la legisladora Selsa Hernández, que responde de manera directa al gobernador Peralta. “Las mineras quedaron en el medio de la disputa entre Nación y la provincia, que necesita con urgencia nuevos fondos para pagar sueldos y gastos corrientes”, explicaron desde la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz).

Números inciertos

Aun así, la gobernación no tiene garantizados los votos para aprobar las nuevas iniciativas. La Legislatura santacruceña está integrada por 24 diputados, de los cuales 14 son elegidos directamente en cada municipio (los legisladores de Pueblo) y los restantes 10 surgen de las listas de candidatos que arma cada aspirante a la gobernación cada cuatro años. El principal escollo que debe sortear Peralta en el plano legislativo son los diputados –no más de cinco– que responden a La Cámpora, la organización creada por el hijo de la presidenta, Máximo Kirchner. Ese grupo es liderado por Mauricio Gómez Bull, vicepresidente 1° de la Cámara, que el año pasado frenó la mayoría de los intentos del gobernador para modificar el marco tributario del sector minero.
Sin embargo, ese dique de contención corre el riesgo de resquebrajarse durante las sesiones de 2013. Un importante empresario minero lo explicó en estos términos: “No es que el Gobierno nacional haya autorizado cambios en el sistema impositivo. Lo que sucede es que los diputados que responden a la Casa Rosada están perdiendo la batalla mediática contra Peralta, que los acusa de obstruir su administración en la búsqueda de recursos económicos para garantizar el presupuesto provincial”, analizó. “Peralta culpa a La Cámpora por los problemas fiscales de la provincia, y la opinión pública parece creerle. Con ese argumento, que desgasta la credibilidad de los legisladores que no están convencidos en cambiar las reglas de juego de la minería, podría reunir una mayoría en la Legislatura”, agregó.
Frente a ese escenario, las empresas saben que será difícil evitar un avance del Estado sobre la renta minera. A lo que aspiran es a tener cierto control de ese proceso. En ese sentido, el objetivo es replicar el modelo aplicado por la gobernación de San Juan, que en 2011 modificó la base de cálculo para las regalías (recauda un 30% más) hasta tanto el precio de la onza de oro supere los u$s 1.000 y creó fideicomisos con aportes de las empresas para financiar obras de infraestructura.
Una iniciativa similar presentó el diputado Rubén Contreras, del bloque del Frente para la Victoria. Pero el proyecto no cuenta por ahora con apoyo suficiente para convertirse en Ley. ›|‹