La disposición final del aceite usado es un problema. Reutilizarlo puede resultar cancerígeno. Si se tira a la red cloacal, tapa las cañerías y contamina el agua. Acopiar ese aceite vegetal podría resultar un negocio: sirve de materia prima para producir biodiésel y hay acopiadores que pagan entre $ 1 y $ 5 por litro. Para organizar esa disposición final, el gobierno provincial lanzó en 2009 el plan Bio, que alienta a través de los municipios la recolección del aceite en casas, locales gastronómicos e industrias alimentarias. Pasó de recuperar 100.000 litros en 2009 a 1.000.000 de litros el año pasado mediante una red que incluye a 80 municipios.
El programa convive con transportes que recogen aceite por su cuenta y recolectores informales que lo venden con destino incierto, que puede ser la fabricación de biodiésel, productos de limpieza, pesticidas y aceite clarificado que luego se vende a granel o embotellado.
Ese desorden se da básicamente por dos cuestiones. Primero, porque hay un volumen de aceite usado que supera a las redes del plan provincial: cada uno de los más de 6.000.000 de habitantes bonaerenses desecha cerca de 10 litros de aceite usado, es decir, 60 millones de litros, por año, 60 veces más que lo recuperado por el plan Bio. En segundo lugar, porque hay pocos controles de los municipios adheridos y no existe una reglamentación de la actividad, lo que genera que una persona inscripta como simple transportista se sume a esa logística y que un restaurante la elija porque pasa más seguido o le paga algunos centavos. “Al no existir una normativa, hay un mercado informal. Recibimos inquietudes que advierten que el aceite podría ser recolectado para ser filtrado, clarificado y vuelto a embotellar, lo que es un disparate desde el punto de vista de la salud, ya que tienen componentes cancerígenos, como radicales libres y acrilamidas”, reconoció Natalia Raffaeli, coordinadora del plan Bio.
Raffaeli adelantó que se trabaja en la redacción de una resolución del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible que regule la recolección y el tratamiento del aceite usado y que entre en vigor “este año”. Entre otras obligaciones, “creará un registro de transportistas, acopiadores y empresas de tratamiento en toda Buenos Aires”.
La necesidad de una reglamentación es evidente por cuestiones ambientales y por ser una actividad que genera cada vez más recursos. Los grandes generadores de aceite usado, de rotiserías a fábricas de papas fritas, están obligados a garantizar su disposición final sustentable. Además, porque según la ley 26.093, el combustible diésel tiene que estar cortado con 10% de biodiésel, algo que ocurre en muchas partes del mundo. Ese biodiésel puede fabricarse a partir de aceite de soja o de cocina usado. De hecho, un litro de biodiésel se puede lograr a partir de 1,2 litros de ese aceite usado.
“Tenemos 10 transportes propios y 15 tercerizados. Algunos trabajan para Bio y otros, por nuestra cuenta. Existe un mercado informal y no hay certezas en torno de adónde va a parar esa mercadería. En la calle no hay controles que impidan el trabajo de recolectores no habilitados”, señaló Flavio Porcile, presidente de RBA Ambiental, que tiene una planta de tratamiento en Bella Vista, donde por mes procesa más de 1000 litros de aceite acopiado en todo el país y luego exportan como materia prima para fabricar biodiésel. RBA tiene acuerdo con McDonald’s, Burger King, McCain, La Serenísima, Carrefour, Coto, Disco y Jumbo.
En los distritos en donde funciona el plan hay unos 130 puntos de acopio, como oficinas municipales o supermercados, a donde los vecinos pueden llevar el aceite usado. El tema es que ni el municipio ni la provincia pagan por ese aceite, ya que el acuerdo establece que la empresa que se queda con el aceite tiene que hacer una donación a una ONG de $ 0,50 por litro de aceite.
Sin embargo, hay acopiadores que les pagan a los recolectores informales $ 1 por litro y hasta $ 5, en caso de entregarlo limpio y filtrado. “Lo que les ofrezco a los vecinos que me quieren reservar el aceite es un regalo: jabón líquido. En San Miguel tengo adheridos 50 comercios y 50 particulares. Por semana recolecto 500 litros y se lo vendo a una empresa que produce biodiésel. Hay recolectores que se lo venden a fabricantes de pesticidas y artículos de limpieza”, contó Diego Alcántara, que dice estar habilitado como transportista y ofrece su servicio por Facebook.
En San Isidro, unos 150 locales gastronómicos reúnen el aceite usado y lo donan a la Fundación Reciduca, que tiene acuerdo con ese municipio y con RBA, que a cambio ayuda a sostener un programa de becas para estudiantes. “A veces vamos a conversar con comerciantes para que se sumen y nos dicen que no quieren porque tiene un recolector que les da una retribución. Intentamos explicarles es que un mercado informal no puede dar garantías de la trazabilidad del proceso”, señaló Santiago Martiré, responsable del programa en Reciduca.
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