Quedaron $71,6 millones sin rendir de los fondos YMAD destinados a infraestructura en Tucumán

En noviembre del año pasado la Cámara Federal de Apelaciones le dio una orden inédita a la UNT: investigar la ruta de los dineros de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que ingresaron a las arcas universitarias. O sea, desentrañar qué sucedió puertas adentro de la universidad con el dinero proveniente de las utilidades mineras.

El fallo hablaba de los fondos de 2006 a 2009 (período investigado en la causa) que habían ingresado, el uso que se les dio, los montos colocados en entidades financieras y hasta la evolución patrimonial de los imputados durante esos años.

En abril de 2016, la UNT presentó una denuncia en contra de la ex directora de general de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani. La funcionaria (procesada y con embargo) estuvo a cargo de las obras del plan de “Ciudad Universitaria”. La denuncia contenía el resultado preliminar de una auditoría en la que se había analizado parte de los movimientos de fondos que manejaba esa dirección, que estaba bajo la tutela directa del ex rector, Juan Cerisola, también procesado y con embargo.

En el informe complementario de la auditoría que fue entregado a la Justicia en febrero de 2017 se detalla que en el período analizado, desde la primera obra hasta mayo de 2016 la DGCU no rindió cuentas de $71,6 millones. Ese monto se compone de un saldo pendiente de rendir de más de $ 21 millones y un faltante a explicar de casi $50 millones.

La auditoría arroja una serie de irregularidades: facturas dobles, pagos sin facturas, desdoblamiento de pagos, contrataciones directas, pedido de montos superiores a lo que se permitía extraer por caja chica, retenciones de ley no depositadas.

La auditoría lleva la firma de quien era la directora de la Unidad de Auditoría Interna, Adriana Alvillos (ahora en la Secretaría Económica Administrativa) y de dos auditoras contables.

En todos los puntos desarrollados señalan que las irregularidades no sólo perjudicaron el patrimonio de la UNT, sino que vulneraron principios legales y hasta podría dar lugar a reclamos por parte de organismos nacionales y de empresas privadas que fueron contratadas por la UNT para las obras.

Además, recomendaron a Asuntos Jurídicos de la UNT “arbitrar las medidas necesarias a fin de establecer las responsabilidades administrativas”. La DGCU realizó oportunamente las retenciones legales a sus distintos proveedores, “pero no se constató el depósito de esas retenciones”. Esto sumaría casi $5 millones. Además, de la conciliación bancaria practicada por la DGCU surge que el dinero no estaría disponible para efectuar el pago de las retenciones.

También consta en la auditoría que hubo casi $1,3 millones que no se retuvieron ni tampoco se depositaron, al momento del pago a proveedores. “Siendo la UNT agente de retención sus agentes se encuentran alcanzados por el régimen penal tributario”, indica la auditoría.

Se deja constancia que las autoridades universitarias, de ese momento, siguieron “autorizando el giro de fondos de cualquier fuente de financiamiento a la DGCU sin exigir las correspondientes rendiciones de cuentas, ni realizar los controles pertinentes”.

El análisis de la documentación indica que transfirieron a la cuenta bancaria de la DGCU “dos veces el monto de un mismo certificado o contrato”. Se registraron licitaciones privadas y compras directas para obras y adquisición de mano de obra y materiales.

La Justicia también recomendó que la investigación se extendiera a las empresas que estuvieron involucradas en este mega plan inconcluso. Los resultados de la auditoría dan sólidos argumentos para esto. Surge que se realizaban pagos sin contar con los certificados de obra. También pagos sin factura, solo con recibos provisorios.

Algunas empresas incluso reclamaron posteriormente esos mismos montos. También quedaron pendientes reclamos de proveedores por más de $76 mil por compras que habrían sido realizadas por la DGCU.

De manera “sistemática y reiterada” se hicieron pagos “fragmentados” con cheques por sumas iguales o inferiores a $50.000. Esto posibilitaba a los proveedores el cobro por ventanilla y que el dinero no fuera a cuentas corrientes. Incluso se detectó que varios proveedores tenían una inscripción en AFIP posterior a la fecha de emisión de las facturas. También facturas duplicadas con montos distintos.

A fines del año pasado se rearmó una comisión Ad Hoc integrada por consejeros superiores con el fin de reactivar la investigación administrativa. Solicitaron informes a las autoridades del Rectorado y a los miembros del directorio de YMAD. En el pedido solicitaron que se detallaran cuáles fueron los procedimientos que se utilizaron en la reserva de fondos destinados a la Ciudad Universitaria: cómo fue el circuito del dinero para la construcción de obras y si coincide con los circuitos vigentes en ese momento en la UNT. Una de las hipótesis que sostienen es que para la concreción de las irregularidades se necesitó más personal involucrado.

Fuente: La Gaceta