La situación del sector energético motivó al Gobierno en este 2016 a tomar un conjunto de medidas en procura de iniciar el camino, contramarchas judiciales mediante, de reducir la brecha entre el costo de producción y las tarifas, disminuir los crecientes subsidios y al mismo tiempo comenzar a incrementar la generación diversificada de energía, recuperar la infraestructura y satisfacer la demanda de los usuarios.
En conjunto, las políticas y medidas energéticas intentaron sacar al país del supuesto inminente colapso y alumbrar con distinta suerte el nuevo concepto que desplegó el actual Gobierno de alcanzar la seguridad energética, es decir de contar con la posibilidad de contar con una oferta de energía abundante, diversificada, eficiente, a precios asumibles y que no necesariamente requiere del autoabastecimiento proclamado años atrás.
El panorama recibido planteaba tarifas que se mantuvieron congeladas hasta por una década, aún con períodos de alta inflación y a costa de millonarios subsidios, con la producción de recursos energéticos a la baja y consumos en alza, una balanza comercial energética en rojo severo y el incremento de los cortes de luz en verano y del gas en invierno, es decir con el horizonte de la autosuficiencia energética cada vez más lejano.
Entre 2003 y 2015 el consumo de gas natural creció 41%, el de energía eléctrica creció 58% y el de naftas, 153%. Sin precios razonables, la oferta no acompañó y produjo un deterioro del servicio: los cortes en la provisión de gas, sobre todo a la industria, pasaron de 3% en julio de 2003 a 17% en julio de 2015; y los cortes de electricidad en la región metropolitana de Buenos Aires pasaron de 8,3 horas por hogar en 2003 a 32,5 horas por hogar promedio en 2015.
La declaración de la emergencia energética a poco de asumir el nuevo Gobierno a fines de 2015, no le facilitó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, encarar el proceso de readecuación tarifaria de los servicios de electricidad y gas natural, un tema prioritario no sólo por sus consecuencias fiscales sino por la necesidad de recuperar la capacidad de inversión de las empresas en procura de una mejor calidad de servicios.
El 29 de enero, el ministro Aranguren anunció un incremento tarifario del servicio de electricidad para Capital Federal y Gran Buenos Aires, que incluía una tarifa social, incentivos para el cuidado del consumo, y una redistribución del costo del servicio que le permitiría al Estado alcanzar una reducción de subsidios anunciada en unos u$s 4.000 millones.
Al nuevo esquema tarifario del servicio eléctrico, el Gobierno implementó a partir del 1° de abril una corrección en los precios del gas natural en su Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y en la tarifas de distribución y transporte para los usuarios residenciales y comerciales de todo el país, así también como al (GNC) de las estaciones de servicio y a las usinas generadoras de electricidad.
SI bien en ambos casos los nuevos cuadros tarifarios contemplaban un criterio más amplio de tarifa social e incentivos a la reducción del consumo, la aplicación de los aumentos en la práctica se manifestaron en las facturas finales con porcentajes varias veces superiores a los anunciados, lo que generó un difundido malestar y preocupación social que en pocas semanas se tradujeron en una avalancha de recursos judiciales.
Así, el entramado judicial que se generó en torno a los aumentos de ambos servicios energéticos que había cosechado amparos en todo el país recaló en la Corte Suprema y el 18 de agosto el Tribunal declaró nulo el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales, estableció la obligatoriedad de realizar audiencias públicas de manera previa y motivo la retracción de los aumentos que se venían aplicando en los meses previos.
La medida judicial repercutió en la estrategia del Gobierno y un impacto político que hasta llegó a poner en duda la continuidad del ministro Aranguren, que de inmediato puso en marcha los reclamados procesos de audiencias públicas que se concretaron finalmente el 16 de septiembre, en el caso del gas; y el 28 de octubre para la electricidad en el inicio de una anunciada Revisión Tarifaria Integral que se completaron en las últimas semanas.