YPF deberá dedicarse a producir y refinar hidrocarburos y dejar de vender naftas si prospera un proyecto de ley presentado en el Congreso por una legisladora kirchnerista que pretende impedirle a las petroleras la explotación comercial de combustibles. Si la iniciativa es aprobada, la petrolera estatal tendrá que desprenderse de su red de 180 estaciones de servicio propias que opera sobre un total de casi 1.500 establecimientos que venden combustibles bajo la bandera de YPF.
Pero no será la única. También Petrobras, Oil, Axion Energy (ex Esso) y Shell serán afectadas por este eventual cambio en el negocio petrolero local.
Ocurre que la senadora nacional por el Frente para la Victoria, Sandra Giménez, envió un proyecto al Parlamento bajo el título de Regulación de la Propiedad de las Estaciones de Combustibles, con el objetivo de regular el mercado minorista y limitar la llamada integración vertical de las petroleras. Es decir, de las que producen, procesan y venden combustibles, según consignó El Cronista.
Se trata de un escenario que ya viene siendo monitoreado por el Gobierno. De hecho, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, vienen manteniendo reuniones para verificar la integración vertical de las empresas petroleras.
En el caso del proyecto de Giménez, asegura que la prohibición de la integración vertical, en un mercado en el cual por su esencia son requeridas fuertes inversiones que definen la existencia de economías de escala que implican un escaso número de participantes de gran tamaño e importancia económica, tiende a mejorar las condiciones de competencia.
Para su presentación, la senadora tomó en consideración experiencias de otros países como Brasil y Estados Unidos, y también la composición local del mercado minorista, donde la mayoría de las estaciones de servicio no son propiedad de las petroleras.
En sus considerandos, el proyecto asegura que las boca de expendio que no pertenecen a las compañías atraviesan una profunda crisis, resultado de la relación desigual con las grandes empresas que participan del mercado de hidrocarburos. Para la senadora, esta situación generó un mercado minorista concentrado, también causó desabastecimiento de las estaciones no propias y eliminó una gran cantidad de empleos. Resulta necesaria la intervención legislativa en defensa de la parte más débil de la relación contractual, afirmó Giménez, tras explicar que las petroleras son dueñas de algo más del 10% de las estaciones de servicio y sólo son responsables del 15% del empleo total del sector.