El proyecto de ordenanza que buscaba prohibir la actividad extractiva no convencional con fractura hidráulica en las zonas urbanas, rurales y productivas de Allen no logró los votos suficientes y fue descartado.
“Este proyecto está viciado de inconstitucionalidad”, sostuvo hoy al mediodía la presidente del órgano, Claudia Obligado, cuyo voto doble permitió desempatar las posturas y rechazar la iniciativa.
Si bien el texto apelaba al artículo 5° de la Carta Orgánica local, que determina que el municipio debe asegurar a los vecinos un “medio ambiente adecuado”, Obligado argumentó que la propuesta chocaba con las competencias de Provincia y Nación en la materia y generaba un “circo mediático”. “Esto está regulado por el Plan Rector”, afirmó.
Pese a los hechos negativos ocurridos en los últimos años, la falta de control y el cobro de multas, la edil insistió con que “hay que aprender a regular la actividad para que pueda convivir con la fruticultura”.
La sesión tuvo una fuerte presencia de vecinos, que representaron las posturas en contra y a favor. Por un lado, representantes de la Cámara de Productores, el gremio Unter y la Asamblea por el Agua, entre otros, que sostienen que se trata de una actividad sumamente nociva. Por el otro, obreros agremiados en el Sindicato de Camioneros, que reclamaban defender su fuente de trabajo.
El proyecto en cuestión, presentado por el concejal Edgardo Martín (CC – ARI), obtuvo el respaldo con voto nominal de los concejales del FpV Daniel Sánchez, Miriam Pasquier y Pedro González, pero fue rechazado por el oficialismo (JSRN), de la mano de Anahí Argüello, Agustín Sides y Marcelo Bizzotto. María del Carmen Müller se encontraba ausente por cuestiones de salud.
Al exponer su opinión, en el caso de Sánchez y González opinaron que los obreros presentes en el recinto estaban siendo “usados”, “como carne de cañón”, para defender “trabajos de tres meses”, que no cumple con la prioridad de la mano de obra local ni le aseguran las condiciones de seguridad.
“El Ejecutivo no quiere regular la actividad, hay una oficina de Medio Ambiente con un funcionario que gana más de 20.000 pesos y no hace nada”, acusó González.
El contenido del proyecto:
Entre los argumentos que motivaron la iniciativa, Martín recordaba los riesgos planteados por una norma de prohibición ya sancionada previamente, la 046/13, declarada inconstitucional a nivel provincial.
También describió el impacto de la actividad, enumerando hechos como la rotura del acueducto principal, del cableado para comunicaciones, relacionándola a la emanación de gases y la contaminación lumínica y sonora que afecta a los vecinos que viven cerca de las locaciones.
Solicitaba además, la creación de un área profesionalizada dentro de la comuna que controle la extracción en las “zonas no restringidas” y la creación de un fondo de compensación ambiental, de acuerdo a lo dispuesto por la ley nacional N° 25.675.
Localidades como Viedma, Junín de los Andes y Zapala se declararon “libres de fracking” y medidas similares se evaluaron en su momento en Neuquén, Plottier, Regina, Roca, Cutral Có, entre otras.