Con las negociaciones políticas estancadas, la petrolera española Repsol advirtió ayer que seguirá litigando en tribunales internacionales hasta conseguir una compensación que considere «adecuada» por la expropiación de sus acciones en YPF, y pidió a la Unión Europea (UE) que refuerce su presión a la Argentina para que pague.
Bruselas, sede de trabajo del Parlamento Europeo, fue el escenario elegido por Repsol para ratificar su postura en el conflicto, justo en momentos en que la Casa Rosada amenaza con disponer un desembolso «unilateral» de 1500 millones de dólares -muchísimo menos de lo reclamado- con el que daría por saldada la deuda por la nacionalización, como anticipó ayer La Nación.
Ante esa hipótesis, la petrolera española mantendrá abiertos todos los frentes legales: en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), más los juicios por «competencia desleal» en Nueva York y en Madrid. «Se nos confiscó hace ahora cerca de 16 meses, y con cierta violencia. Desde esa fecha, no hemos recibido ninguna compensación ni tenemos ninguna indicación de que se nos pagará. Si escuchamos lo que algunos miembros importantes del Gobierno han dicho, nunca pagarán», denunció el vicesecretario general de Repsol, Miguel Klingenberg.
La ponencia del directivo -principal encargado de la estrategia legal en el caso YPF- ocupó buena parte del debate convocado por el Centro Europeo de Política Económica Internacional (Ecipe, por sus siglas en inglés), un reconocido think tank. El objetivo: analizar la respuesta comunitaria ante el avance argentino sobre Repsol.
«No nos olvidéis. No nos pongáis al final de la lista», reclamó Klingenberg a las autoridades europeas.
En el panel escuchaba Matthias Jorgensen, responsable para América latina de la Dirección de Comercio de la Comisión Europea. El funcionario consideró luego que la expropiación impaga del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF es «una piedra en el zapato» para las relaciones europeas con la Argentina.
De todos modos, el funcionario admitió que el diálogo con el país se mantiene en todos los ámbitos porque «debe primar el interés general».