Con el invierno a la vuelta de la esquina, el Gobierno acentuó el control sobre las empresas que despachan gas para garantizar que industrias y productores cumplan con el esquema de restricciones al consumo que se aplicará –al igual que todos los años desde 2007- durante los días de bajas temperaturas.
En rigor, el Ejecutivo empezó a fiscalizar –desde el 1° de mayo- de forma semanal que las petroleras inyecten el gas comprometido en sus contratos y que las comercializadoras e industrias no consumen del caño más que lo autorizado. Así lo establecieron las notas 2790 y 2791 del Enargas, el ente regulador del gas, a las dos transportistas del mercado: TGN y TGS. Hasta ahora, el control se hacía de manera mensual.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo apunta a monitorear desde cerca que todos los actores del sistema gasífero acaten lo reglado por el ente. De hecho, la semana pasada comenzó a notificar a privados que incurrieron en faltas. A esta altura, es un problema estructural: durante los meses de frío, el gas producido localmente e importado desde Bolivia y en formato líquido (LNG) no alcanza para cubrir los requerimientos de todo el sistema, que crecen de forma significativa apuntalado por el salto en los hogares. Como el gas no alcanza para todos, el Gobierno se ve obligado a racionalizar la demanda.
Hace dos años, Antonio Pronsato, interventor del Enargas, creó dos figuras: el Proveedor de Última Instancia (PUI) y el Gas de Última Instancia (GUI), para penalizar a los grandes usuarios del fluido que consumen más de lo debido desde la red.
El primero se cobra a las industrias que toman gas del sistema sin respaldo de su proveedor, a pesar de tener un contrato vigente de abastecimiento con una petrolera o comercializadora. En ese caso, Enarsa –la empresa estatal de energía- cobra US$ 7,50 por cada millón de BTU direccionado a la industria en falta.
El GUI se factura a los usuarios que directamente desoyeron una restricción de consumo ordenada por el Enargas. En ese caso, las empresas deben pagar más de US$ 13 por millón de BTU por el gas extra consumido de la red.
Aún así, se trata de penalidades por el momento testimoniales, dado que por lo general, las industrias buscan algún vericueto legal para no solventar la multa o deliberadamente incumplen el pago. “La factura con la penalidad puede tardar hasta tres meses en emitirse. Y en la mayoría de los casos, las empresas no pagan el castigo. En la práctica, con esta medida, el Enargas aspira a alinear a las industrias para que en el invierno acaten las restricciones”, explicó a El Inversor Online el gerente de Gas de una petrolera.
La avanzada de Pronsato no es el único tema que preocupa en el sector gasífero. En la última semana se dio un cruce impensado entre productoras y distribuidoras en torno a cómo se facturará el fluido con los nuevos precios en boca de pozo autorizados por el Gobierno el mes pasado. (prevé subas de hasta un 500%).