El gobernador kirchnerista Alberto Weretilneck quiere agilizar la aprobación del acuerdo con Petrobras para extender concesiones petroleras a pesar de los cuestionamientos surgidos en la Legislatura, bajo la advertencia de que si se posterga la autorización e ingresa bajo el marco de la nueva ley petrolera que impulsa la Nación, el convenio no será beneficioso para la provincia.
Mientras se debate a nivel nacional la nueva ley hidrocarburífera, en Río Negro el gobernador no da lugar a las críticas surgidas desde la oposición y del propio Frente para la Victoria respecto del convenio que firmó con Petrobras para renovar por 10 años más la concesión de tres áreas que la empresa brasileña explota en la provincia desde la década del 90.
El acuerdo debe ser ratificado por la Legislatura provincial y hasta el momento las voces críticas, incluso del sector que responde al senador Miguel Pichetto, ponen en duda su avance. Los cuestionamientos apuntan a la «curva de inversión» que presenta el convenio, focalizándose sólo los primeros dos años, pero además señalan los antecedentes de la empresa, con falta de inversión en las tres áreas en debate, una deuda impositiva con la provincia de $ 76 millones desde 2006 y pasivos ambientales.
Sin embargo, el gobernador está empeñado en sacar adelante ese convenio y advirtió que «no se puede modificar», porque «sería un agravio a Petrobras y a Brasil». Así lo consignó La Nación.
Las concesiones actuales con Petrobras vencen entre 2016 y 2017, por lo que el gobernador dijo a la nacion que si no se aprueba como está «se deberá llamar a licitación bajo las nuevas condiciones que se están discutiendo hoy con la Nación, y ya no hablamos de 10 años de renovación, sino de 35 años; ya no hablamos de regalías de 12% más 3% como es ahora, sino de 12% únicamente. No tendremos aportes a los municipios ni fondo fijo anticipado».
En esta línea Weretilneck afirmó que si el acuerdo se consolida a futuro con la nueva ley petrolera «el perjuicio para la provincia será bastante importante».
Pichetto respondió que la ley hidrocarburífera en debate «no afecta negativamente a la provincia en materia de derechos y porcentajes que tiene por regalías, ni sobre la potestad y participación que le incumben respecto de la licitación y adjudicación de áreas petroleras».
El convenio firmado a fines de abril significaría un aporte directo de US$ 92,8 millones a la provincia (que se destinará a obra pública y equipamiento) y un plan de inversión de US$ 820 millones en una década. Según el gobernador, también dará continuidad a 800 puestos de trabajo y sumará otros 600 con un incremento de la producción del 10% en el caso del petróleo y del 38% en el gas.