La Secretaría de Minería y Energía es pionera en la identificación, monitoreo, mitigación y prevención de los impactos ambientales. El organismo se rige bajo la ley de protección ambiental para la actividad minera N§ 24.585, una de las primeras leyes específicas aplicadas a un sector de la economía nacional.
A través del programa de Gestión y Policía Minera realiza constantes monitoreos ambientales de la actividad minera en todas sus etapas verificando el cumplimiento de la legislación vigente y de la declaración de impacto ambiental. En el último año se realizaron más de 100 comisiones a los distintos departamentos de la provincia.
Cabe resaltar que no se trata solo de un organismo que ejerce la policía minera sino que trabaja conjuntamente con los productores y empresas mineras para buscar soluciones con el objetivo de alcanzar la producción limpia y sustentable. Su objetivo es solucionar, no solo los aspectos ambientales sino también problemáticas sociales.
La normativa cuenta con el aval del Consejo Federal de Minería, organismo que agrupa a todas las autoridades mineras provinciales y que establece pautas precisas para la actividad. De esta manera se fija la obligatoriedad de los concesionarios mineros a presentar el informe de impacto ambiental (IIA) por etapas, sea de prospección, exploración, o explotación.
Otra de las normativas de la Secretaría de Minería y Energía es la resolución 04/18 que establece una serie de atribuciones, procedimientos y mecanismos de monitoreo socioambiental para las actividades mineras de exploración avanzada y extracción.
El Gobierno impulsó el control ambiental participativo, con referentes comunitarios y entidades gubernamentales que deseen interiorizarse en la metodología y resulta dos. Fuente: El Tribuno.