Sanearían Los Gigantes, la mina de uranio cerrada desde 1990

La mina de uranio a cielo abierto de Los Gigantes -a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz- dejó de operar en 1990, pero nunca se realizó la remediación varias veces prometida y reclamada por los habitantes de la zona. Desde el Ministerio de Energía de la Nación insistieron en que las tareas se harán, pero no dieron fecha. Es casi seguro que no será este año porque la provincia se tomará al menos 90 días para analizar la iniciativa presentada por la administración nacional.

“La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentó a las autoridades provinciales involucradas la ingeniería de remediación para la primera etapa de gestión”, respondieron desde Energía. La CNEA entregó la explotación de la mina a la empresa Sánchez Granel, que inició la extracción de uranio en 1982.

Tres años después hubo un desborde de los diques de cola (donde se acumulan los residuos) y el agua contaminada llegó al río San Antonio. Aunque las autoridades afirmaron que la “neutralización” fue “rápida”, el episodio puso en alerta a la comunidad que comenzó a reclamar por el impacto ambiental; con el tiempo se reconocieron nuevos problemas y, en 1990, cesó la explotación.

Fuentes de Minería de Córdoba explicaron que el proyecto de “evaluación” de remediación entró el 1° de junio después de que el presentado en octubre pasado fuera rechazado “porque no tenía los elementos de sustento necesarios”. El nuevo será analizado por Minería, Medio Ambiente y Recursos Hídricos. “Tiene que ajustarse a la ley ambiental provincial. Después deberá haber una audiencia pública”, anticiparon.

Salvo el área de dormitorios y los tachos donde estaba el ácido sulfúrico para la concentración del uranio, todo sigue igual en la mina abandonada. Los residuos generados durante la explotación se mantienen a cielo abierto. Desde Energía señalan que hay un programa de monitoreo ambiental de “agua superficial, subterránea, aire y radiológico”, y que, además, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) hace “monitoreos independientes”.

Desde el Foro Social -creado en 2005 por exigencia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, trabaja en apoyo al Banco Mundial) para desembolsar los recursos del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (Pramu) e integrado por diferentes ONG-, el geólogo Juan Carlos Paesani insiste ante este diario en que son “organismos internacionales independientes y reconocidos” los que deben hacer los controles. Rechaza que los instrumenten entidades que “tienen relación con la CNEA y no hay imparcialidad”.

En el último documento del Foro Social (ahora ampliado a todo el país) se sostiene que la mina debe ser “remediada por la CNEA, que también deberá disponer su cierre definitivo y un programa de vigilancia”, sometiendo todo el proceso a una evaluación de impacto ambiental y a una audiencia pública.

Respecto de la ausencia del Foro en las decisiones sobre la mina (la participación está exigida por el BIRF) hay cruce de versiones. Energía señala que en mayo de 2006 decidió “trabajar en forma independiente a la coordinación” de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, “por lo cual la CNEA quedó desvinculada en el funcionamiento del Foro”.

Paesani insiste en que, ante cada requisitoria, les decían que fueran a Buenos Aires. “No tenemos presupuesto para hacerlo -continúa-. Nos constituimos por exigencia de las autoridades, pero nos terminamos enterando por los medios de lo que hacen.”

El peor temor de la comunidad es que se rompa el sistema de diques de retención, con lo que el agua desembocaría en los arroyos Cajón y Cambuche. “La CNEA nunca elaboró para los vecinos un plan ni prepararon a la gente para una eventual contingencia, pese a los accidentes y derrames de aguas alcalinas y ácidas que hubo”, señala el Foro.

En abril pasado, autoridades provinciales y nacionales recorrieron el lugar; se renovaron las promesas de remediación. “El proyecto cumplirá todos los pasos indicados en la legislación ambiental y requeridos por las autoridades de aplicación; concluido ese proceso y con las autorizaciones pertinentes, se comenzarán las tareas de remediación”, señalan desde Energía. Las obras -no se aclara cuáles- serán controladas por la provincia y la ARN.

La alerta de la comunidad creció cuando trascendió que la CNEA quiere trasladar 58.000 toneladas de residuos de la planta Dioxitek (produce dióxido de uranio) del barrio Alta Córdoba en la capital provincial a Los Gigantes para hacer una remediación general. Las autoridades provinciales ya expresaron que se oponen.

Ante esta consulta puntual, desde Energía indicaron: “Cuando la planta salga de servicio se procederá al desmantelamiento, plan que se está trabajando junto a las autoridades municipales y provinciales. Los residuos de Dioxitek son de baja actividad, por lo que pueden ser tratados en las instalaciones existentes de la CNEA a tal fin”.

Por un acuerdo ante la Justicia, la planta está “en condiciones de operar de manera segura para la población y el ambiente certificada ante las autoridades competentes” a nivel local y nacional, indican desde el ministerio, pero advierten que no está trabajando “a la espera de la correspondiente autorización” que llegaría “en breve”. Hoy el país importa mineral de uranio, insumo para la producción de dióxido.

Dioxitek estaba cerrada desde el 10 de noviembre cuando la Municipalidad de Córdoba la clausuró por violar la ordenanza de uso de suelo que prohíbe ese tipo de industrias en la ciudad. En esa fecha venció un acuerdo, firmado en 2012, con el entonces ministro Julio de Vido. Desde 1994 hay promesas de relocalizar la planta, que tiene sus residuos de radiación baja enterrados en un predio contiguo. El traslado sería a Formosa, donde se construye otra.

En esa provincia la comunidad quom que vive en la zona -pegada al límite con Paraguay- donde se levanta la planta se opone y pidió a la Corte Suprema que intervenga; Energía sostiene que se cumplieron “todas las instancias de aprobación e información exigidas por ley”, y que se instrumentó un proceso “de consultas e intercambio de información con la población, que continúa abierto”.

En 2008 el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento aprobó el préstamo de US$ 70 millones para financiar diferentes objetivos del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio que se hizo efectivo en 2010, cuando por decreto el Ejecutivo aprobó el convenio. Antes de aprobar el préstamo, se le entregaron a la CNEA, como organismo ejecutor, los Fondos de Preparación de Proyecto (PPF) para alistar la documentación.

El desembolso -que está en el orden del 97%- incluye trabajos de remediación del ex complejo fabril de Malargüe (Mendoza); el desarrollo de “opciones técnicas, ambientales y sociales” para la remediación de El Chichón (Alta Córdoba), Los Gigantes y “otros sitios” y la gestión de las iniciativas. En Energía explican que los procesos de adquisiciones relacionados con el préstamo son controlados por la Auditoría General de la Nación y el Banco Mundial.