El mandatario colocó una multa de $ 8 millones a Goldcorp, titular de Cerro Negro. Además, los legisladores que le responden siguen trabajando en un proyecto normativo para subir la carga tributaria del sector.
Las empresas mineras de Santa Cruz quedaron en medio de la feroz interna que mantienen el gobernador de la provincia, Daniel Peralta, y la Casa Rosada, que se niega a seguir financiando el déficit de la cuenta corriente santacruceña, por lo que en los últimos meses aisló políticamente al mandatario patagónico y le esquilmó el poder incluso dentro de su propio equipo administrativo. La jefa de Gabinete, Paola Knoop, reporta, en ese sentido, de forma directa a Máximo Kirchner y al ministro de Planificación, Julio De Vido, vocero del mensaje de Nación para intendentes del interior santacruceño.
Apretado por el déficit fiscal, Peralta eligió a las mineras como fuente para masillar el resquebrado presupuesto provincial. Primero intentó, a mediados de año, que las empresas aportaran, por única vez, una suma conjunta de $ 8 millones para blindar la partida de Salud de la provincia. Como las mineras se defendieron corporativamente y se negaron a acatar el pedido, el gobernador de Santa Cruz particularizó su ofensiva. El mes pasado sancionó una multa ambiental por, precisamente, $ 8 millones contra Goldcorp –titular de Cerro Negro, un proyecto de oro que actualmente está en construcción–, la misma cifra que Ariel Ivovich, ministro de Economía provincial, había reclamado a la Camicruz –la cámara de mineras santacruceñas– en junio.
La tensión entre Peralta y la industria minera involucra también a actores gremiales. En octubre el funcionario avaló la toma de las instalaciones de Goldcorp por parte de una facción del Sindicato de Camioneros, que ocuparon las oficinas de la empresa durante 48 horas hasta que un juez dictó la conciliación obligatoria de las partes. El estado en que quedaron las instalaciones –los gremialistas incendiaron equipos y destruyeron oficinas– obligó a Goldcorp a suspender una visita pautada con intendentes de las localidades aledañas al proyecto.
La intervención de Peralta incluye, además de cuestionamientos públicos a la actividad –en sus apariciones a los medios locales presenta sus demandas en el marco de retóricas redistributivas–, la intención de retomar el camino legislativo para incrementar la carga impositiva sobre el sector, tras el frustrado intento de gravar con un canon la venta de proyectos mineros en estado exploratorio.
Intento legal
“Los diputados que le responden a Peralta, que son minoría, siguen trabajando en un proyecto de ley para elevar el marco tributario que rige sobre la industria. Lo más probable es que no logren el apoyo del mayoritario bloque del Frente Para la Victoria, pero aun así no deja de ser una señal preocupante”, explicaron allegados a Camicruz.
Santa Cruz es una de las provincias con mayor potencial metalífero del país. Con cuatro proyectos en operación, sumará a fines de 2013 o principios de 2014 la producción de Cerro Negro, que apunta a aportar 350.000 onzas anuales de oro equivalente y que uenta con reservas por 2,54 millones de onzas de oro y 23,56 millones de onzas de plata.
“El problema de Santa cruz es más que nada político. Parece que las mineras de provincia tienen que pagar el presupuesto de Salud y Acción Social. Y no debería funcionar así”, cuestionó Héctor Laplace, secretario general de AOMA, el gremio minero, en diálogo con El Inversor Energético & Minero.
A entender del sindicalista, el escenario actual, signado por la incertidumbre, provocará una desaceleración de las inversiones proyectadas para el distrito. “Los desembolsos que estaban en carpeta se van a desacelerar como resultado de los intentos de algunas gobernaciones de modificar la ley, yendo en contra de la Ley de Inversiones Mineras y del Pacto Federal minero”, concluyó.