El ambientalismo preelectoral se hace sentir con fuerza
Durante las últimas semanas, proliferaron las propuestas de mayores medidas de seguridad y cuidado ambiental en un sector cada vez más presionado por reclamos comunitarios en distintos puntos del país.
Los años electorales suelen ser complicados para la minería, actividad que sigue generando desconfianza en buena parte de la opinión pública, pese a que nadie quiere renunciar a sus beneficios. En un marco de efervescencia política, azuzada por la noticia del derrame de cianuro registrado en la mina sanjuanina Veladero, por estos días varias provincias apuntan a endurecer sus exigencias en materia de seguridad y protección del medio ambiente.
Río Negro, por ejemplo, acaba de fijar nuevas pautas para el desenvolvimiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en la operación de su planta de enriquecimiento de uranio de Pilcaniyeu. A través de una resolución, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que conduce Dina Migani no sólo prohibió la eliminación de los efluentes líquidos que contengan fluoruros en el humedal natural que circunda al río Pichileufu, sino que también impuso a la empresa estatal una larga lista de obligaciones.
Con el objetivo de “garantizar el cuidado de los recursos naturales”, de ahora en más la CNEA deberá tratar, acondicionar y almacenar los citados efluentes dentro de su complejo; realizar muestreos de aguas y análisis físico-químicos con informes cada cuatro meses; monitorear los sedimentos del curso hídrico con datos sobre fósforo, nitrógeno y carbono; y evaluar de manera periódica la fauna que habita en el lecho del espejo de agua, entre otras acciones.
Mientras tanto, avanza un proyecto de ley orientado a identificar, remediar y determinar responsabilidades por los pasivos ambientales mineros existentes en Neuquén. Presentada por Alejandra Giaveno y Gabriela Cordero, investigadoras de la Universidad Nacional del Comahue (UNC), la propuesta –que ya suscitó un acalorado debate en la Legislatura neuquina– exige a quienes tengan concesiones mineras un plan de gestión a cinco años a fin de mitigar, sanear y –en lo posible– eliminar los riesgos y efectos dañinos de la actividad para la población y el ecosistema. Adicionalmente, prevé multas, suspensiones, clausuras e inhabilitaciones ante eventuales incumplimientos.
Marchas y denuncias
Al compás de las crecientes exigencias normativas, también proliferan las movilizaciones contra el segmento. La comunidad Mapuche y representantes de congregaciones religiosas católicas de las diócesis patagónicas, por caso, denunciaron que la minera Southern Copper podría contaminar las aguas de la cuenca del río Catán Lil que consumen los habitantes de la zona, en Neuquén. El gran temor, según los manifestantes, es que el desarrollo de la mina La Voluntad se vea acompañado por “vertidos de filtrados de ácido sulfúrico, metales pesados suspendidos y derrames de combustibles” en el río.
En Mendoza, en tanto, cientos de vecinos expresaron su descontento frente a la decisión de la Suprema Corte de no convocar a una audiencia pública antes de
decidir sobre la constitucionalidad o no de la restrictiva Ley 7.722. En la marcha de protesta, que culminó con la firma de un manifiesto destinado al máximo tribunal local, estuvieron presentes referentes políticos y miembros de organizaciones ambientalistas. ›|‹
Ciudad convulsionada
El reciente derrame de cianuro en Veladero convulsionó a la habitualmente tranquila comunidad de Jáchal, en San Juan. En el marco de una asamblea popular llevada a cabo en la Plaza San Martín, los vecinos resolvieron poner en marcha un plan de lucha que contempla desde la recolección de firmas para elevar un amparo ambiental hasta la presentación de denuncias penales contra Barrick Gold.
Debe destacarse, además, que ante la posibilidad de que se encuentren comprometidas las cuencas de los ríos Las Taguas, Los Blancos y Jáchal, grupos solidarios de todo el país emprendieron una campaña de recolección de agua mineral para los damnificados.