Según una encuesta de Management & Fit
Hace tres años, un 70% de los mendocinos se manifestaba en contra de la actividad. Hoy, ese porcentaje se sitúa en un 45%. El rechazo es más alto entre las mujeres que entre los hombres.
La mala imagen de la minería en Mendoza –provincia caracterizada por una férrea oposición social al sector y uno de los marcos normativos más restrictivos para su desarrollo– parece estar cediendo terreno a una aceptación moderada pero creciente. Así lo demuestra una encuesta telefónica encargada por el gobernador bonaerense y precandidato presidencial Daniel Scioli y realizada por la consultora Management & Fit.
Con un margen de error acotado (de un 4%) y un nivel de confianza de más de un 95%, el sondeo contó con la participación de 600 mendocinos de entre 16 y 70 años. Consultados sobre su posicionamiento con respecto a la actividad, un 45,8% se manifestó abiertamente en contra, mientras que un 36,7% se expresó a favor (el 17,5% restante quedó englobado en la opción “no sabe/no contesta”).
Si bien el sentimiento anti-minero todavía sigue siendo mayoritario (por casi 10 puntos porcentuales), debe destacarse que hace tres años, poco después de la cancelación definitiva del proyecto cuprífero San Jorge, en Uspallata, el índice de rechazo se ubicaba por encima del 70%.
Según Management & Fit, las mujeres, los ciudadanos con estudios universitarios y los menores de 40 años se muestran menos dispuestos a aceptar el desarrollo minero. La actual relación entre desaprobación y aprobación es de 46,3%-33,7% en el segmento femenino y de 45,2%-40,1% en el masculino. En términos educativos, esa proporción trepa a un 50,3%-35,1% en el mayor nivel de instrucción, alcanza un 44,5%-36,4% en el nivel medio y se sitúa en 43,9%-38% dentro del nivel bajo. Con respecto a los jóvenes (de 16 a 40 años), el rechazo y el apoyo acaparan, respectivamente, un 50% y un 33,3% de las opiniones.
Debate congelado
A principios del año pasado, el anuncio de un nuevo Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) en Mendoza suscitó grandes expectativas entre los inversores y bastante preocupación entre los activistas anti-mineros. Pero la posibilidad de que se adoptaran modificaciones en la Ley 7.722 –que prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio o el ácido sulfúrico para la extracción de recursos minerales– fue descartada rápidamente. “No habrá ningún párrafo que haga algún tipo de referencia a modificar la normativa”, aseguró Guillermo Elizalde, ministro mendocino de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales.
El tema volvió a estar en boca de todos en función del avance en la Legislatura provincial de dos proyectos pensados para desarrollarse en la localidad de Malargüe: Indio (de hierro) y Cerro Amarillo (de cobre). No obstante, el debate quedó nuevamente congelado por las especulaciones políticas en vísperas de un proceso eleccionario como el que se viene.
Según un informe elaborado por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN), la provincia deja de ganar unos u$s 1.215 millones anuales debido a la prohibición que pesa sobre la minería uranífera y metalífera a gran escala. La cifra representa casi un 25% del Producto Geográfico Bruto (PGB) total de Mendoza, cercano a los u$s 5.000 millones.
Con el aporte del sector minero, durante el próximo lustro las arcas provinciales podrían recibir u$s 232 millones sólo en concepto de impuestos directos e indirectos. Adicionalmente, el segmento estaría en condiciones de obtener una rentabilidad del orden de un 15%, con una carga impositiva superior al 50%. ›|‹