La semana pasada, en lo que fue la primera sesión del año del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se dio tratamiento a una propuesta que apuntaba a que las autoridades soliciten a la Justicia que anule una resolución del 2008, la cual daba por finalizadas las obras referidas a la “ciudad universitaria”, lo cual se trasladaba a que la casa de altos estudios dejara de recibir la mitad de sus utilidades de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), lo que se traduciría en unos 500 millones de pesos. Con ello y tal como lo publicó el diario tucumano La Gaceta, se daban siete días para definir si la UTN litigaba por las utilidades que dejaba la empresa minera. En este sentido, la ley de creación de YMAD (14.771) estipula que las utilidades de la empresa se distribuyan en un 60 por ciento para Catamarca y el restante 40 para la universidad tucumana, dejando acentuado que sería hasta culminar la denominada “Ciudad Universitaria”. Este edificio al que hace alusión la ley se comenzó a construir en la gestión de rectorado de Horacio Descole. Según El Esquiú, una vez que se den por finalizadas las obras, la UNT comenzaría a percibir la mitad de lo que se distribuía inicialmente. El 20 por ciento restante, consiguientemente, pasaría a distribuirse entre las demás universidades del país. El 2 de enero del 2008, el exrector Juan Alberto Cerisola firmó la resolución por la cual se daba por culminada la “ciudad universitaria”, sobre la base de una redefinición del concepto.