Este viernes habrá audiencias públicas del sector eléctrico en el marco de la revisión integral de tarifas (RTI), un espacio donde se definirán las principales variables del servicio para los próximos cinco años. No sólo se resolverá el futuro de las tarifas -uno de los puntos habitualmente más difundidos del negocio- sino también otras cuestiones importantes, como el plan de inversiones de las compañías y su compromiso para que la calidad del servicio mejore en el mediano plazo.
Edenor y Edesur les pusieron números a sus pretensiones: esperan un incremento promedio en las tarifas de entre 30% y 31%, algo que les permitirá, según sus cálculos, aumentar las inversiones en el mantenimiento de su infraestructura; sostenerlas en el tiempo, y de esa manera, reducir a la mitad la cantidad de horas que un usuario sufre cortes en el año.
Para llegar a esos números, las empresas tomaron como base la situación del negocio en diciembre de 2015, por lo que la aplicación de la fórmula de ajuste de tarifas podría arrojar un incremento mayor, según publicó La Nación.
Sobre la factura final, además, se le recargarán los aumentos en los servicios de transporte y generación de electricidad.
El Gobierno deberá revisar los números y aplicar la propuesta que considere conveniente. No está obligado a aceptar de plano los reclamos de las empresas y esperará las conclusiones de las audiencias públicas para fijar el número final.