Un informe elaborado por la Fundación Generación Sur presenta un detallado análisis de los nuevos cuadros tarifarios del gas, presentados por el Gobierno el viernes 7 de octubre, luego de que la Corte Suprema frenara los aumentos y ordenara la realización de una audiencia pública.
El estudio de la Fundación dirigida por Nicolás Arceo, ex director de YPF durante la gestión de Miguel Galuccio y actual investigador del Conicet y de Cifra (el centro de investigación que depende de la CTA), detalla, a partir de datos oficiales del Enargas y del Ministerio de Economía, los porcentajes de aumentos para usuarios residenciales e industriales en las distintas regiones del país.
Asimismo, da cuenta de los alcances de las medidas implementadas por el Estado, tendientes a la progresiva reducción de subsidios, y alerta por la difícil situación de ciertos sectores industriales y de los hogares no alcanzados por tarifa social, que no tienen capacidad de afrontar las “oscilaciones coyunturales en los precios internacionales del gas natural”.
Sobre los cambios en el cuadro tarifario para usuarios residenciales, Generación Sur sostiene que “los aumentos son de un 145% promedio respecto del cuadro tarifario vigente en marzo 2016” y para la Patagonia el aumento promedio respecto al mes de marzo es de 182%. Además precisa que la factura media para residenciales “alcanza un valor promedio de $831 contra $1.018 respecto del aumento de abril de 2016”.
Para usuarios no residenciales los aumentos promedio son un 310%, y para la región Patagónica son de un 357%, ambos respecto del cuadro tarifario vigente en marzo. Y detalla: “en cuanto a la factura media para no residenciales, reduce los valores promedio de $2.682 a $1.380 respecto del aumento de abril”.
El informe afirma además que “el sendero definido por el Ministerio de Energía y Minería implica, en primer lugar, la dolarización de las tarifas del gas natural”, y que “si bien se reconoce la necesidad de subsidiar a los sectores más postergados” con la tarifa social, “pretende eliminar el resto de los subsidios a la demanda, lo que impacta fuertemente en la caída del salario de los trabajadores y en el sector comercial e industrial”.
En este sentido, desde Generación Sur sostienen “si se considera que la restricción en la producción local de gas natural es transitoria, se podría suponer que el incremento en los costos de provisión también es temporal”. Y por tanto plantean que sería “económicamente más eficiente” que el Estado Nacional subsidie a industriales “hasta tanto nuestro país vuelva a tener gas abundante y, por ende, más económico”.
Y alertan: “de lo contrario, dejarían de existir todas aquellas actividades que no puedan afrontar un elevado precio del gas natural, asociado a los elevados precios de importación y al aumento del costo de extracción local (tight y shale gas)”.
Finalmente, el estudio dirigido por Arceo considera necesaria la protección del Estado al “ingreso disponible de los hogares en el corto plazo” ante las elevaciones significativas en los precios de importación.
“Si bien los subsidios masivos a la demanda de gas son ineficientes en términos económicos y distributivos, en ciertas coyunturas se justifican en términos dinámicos”, afirman y sugieren que la tarifa social destinada en la actualidad al 20% de los hogares de menores ingresos no debiera ser indiferenciada, “sino una tarifa social progresivamente más reducida a medida que se incrementa el ingreso promedio de los hogares”.
