Los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por rescatar a la industria minera y a sus trabajadores no están teniendo los resultados esperados por la Casa Blanca, que ha llegado a asegurar que «el carbón está de vuelta».
Durante toda la campaña electoral de 2016, Trump realizó numerosas visitas a estados de gran tradición minera, como Virginia Occidental, Kentucky y Pensilvania, donde recalcó su respaldo al sector minero frente a lo que consideró «guerra al carbón» de su predecesor, Barack Obama.
Estos estados, junto con Wyoming e Illinois, suponen el 70 % de la producción de carbón del país.
El presidente ha nombrado como jefe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), organismo dedicado a preservar el medioambiente, a Andrew Wheeler, un conocido defensor de la industria del carbón, cuya gestión ha sido ampliamente criticada por los ecologistas.
Bajo su mandato, la EPA ha anunciado una propuesta de normativa que facilitaría la eliminación de regulaciones sobre las emisiones de las centrales térmicas de carbón, una nueva medida de Trump para deshacer el legado de Obama en materia de lucha contra el cambio climático y reducción de emisiones contaminantes.
Pese a esta agresiva retórica y a las medidas aplicadas, las cifras revelan una tendencia que parece irreversible: el uso del carbón en EE.UU. ha continuado su descenso y está en su nivel más bajo en más de 40 años.
Según datos recientes del Departamento de Energía, el uso del carbón en mayo cayó a 687 millones de toneladas, la cifra más baja desde 1978. La producción también descendió a su segundo nivel más bajo desde ese año.
Una amplia parte de ese carbón se utiliza para producir energía eléctrica y, a pesar de la clara disminución tanto en producción como en demanda, la Administración de Trump destinó 39 millones de dólares en abril para investigar sobre la mejora de la eficiencia de las plantas de carbón.
Sin embargo, estudios recientes de la Universidad de Columbia y del Instituto Brookings demuestran que el colapso de ciudades carboneras situadas en los estados de Montana y Wyoming, entre otros, es cada vez más cercano.
El nuevo informe analiza 26 condados de diez estados diferentes clasificados como «dependientes de la minería del carbón» y concluye que estas áreas, ya muy afectadas por el declive del carbón, no están preparadas para las implicaciones de posibles políticas climáticas.
«Si Estados Unidos emprende acciones para abordar los riesgos del cambio climático, el uso del carbón en el sector de la energía disminuirá rápidamente», observan los expertos.
De hecho, a pesar del impulso político desde la Casa Blanca, el empleo en el sector del carbón lleva décadas disminuyendo, víctima de la creciente demanda de nuevas fuentes de energía, así como de la automatización y prácticas mineras más eficientes.
Desde 1950, el número de empleos mineros ha caído un 88 por ciento.
Otra de las batallas dentro de la industria minera estadounidense se disputa en el procesamiento de las tierras raras, minerales esenciales para una buena cantidad de productos de tecnología, desde ciertos automóviles eléctricos hasta equipos militares.
Como EE.UU. depende de China para aproximadamente el 80 % de su suministro de tierras raras, según el Servicio Geológico estadounidense, estos minerales pueden tener un papel clave en la actual guerra comercial entre Washington y Pekín.
Conocedor de esta dependencia, el presidente chino, Xi Jinping, tiene un as guardado en la manga para golpear a EE.UU.: incrementar los aranceles a las tierras raras chinas y limitar así sus exportaciones.
Con el objetivo de mitigar los efectos de este posible ataque desde China, Trump llegó a mediados de junio a un acuerdo con su homólogo canadiense, Justin Trudeau, para desarrollar un plan de acción conjunto para «asegurar un suministro fiable» de tierras raras, aunque hasta ahora se desconocen más detalles, informaron desde Agencia EFE y El Diario de España.