Ni en la Argentina ni en España: la suerte de la ofensiva de Cristina Kirchner para forzar un rápido acuerdo con Repsol por la nacionalización de YPF se define en gran medida en México.
En sintonía con el gobierno argentino y la conducción de YPF, la petrolera estatal Pemex prometió volver a la carga para conseguir una solución que permita cerrar el conflicto que entorpece las inversiones extranjeras que se necesitan para explotar Vaca Muerta.
Pemex tiene argumentos millonarios para involucrarse en la operación: es accionista de Repsol (9%), declaró su intención de asociarse a YPF en el megayacimiento neuquino y, sobre todo, es hoy el objeto del deseo de las grandes multinacionales energéticas desde que el presidente Enrique Peña Nieto decidió abrir al capital privado del histórico monopolio petrolero mexicano.
Ese proyecto enfrenta todavía una fuerte resistencia social, pero Repsol aspira a convertirse en una de las compañías beneficiarias del gigantesco negocio, impulsada por su experiencia previa en México y por la sociedad que ya tiene con Pemex.
¿Estará dispuesto el presidente de Repsol, Antonio Brufau, a cambiar un acuerdo no tan beneficioso como querría con la Argentina por el mundo de oportunidades en que podrían convertirse los yacimientos mexicanos?
Miguel Galuccio, presidente de YPF, cree que la respuesta es sí. Su paso por Madrid esta semana para advertir que «antes de fin de año» habrá una solución a la expropiación por las buenas o por las malas encaja como un primer eslabón en la estrategia de presión que deben completar los mexicanos. En especial, su amigo Emilio Lozoya, número 1 de Pemex.
Lo dejó entrever en una de las entrevistas que dio en España. «Conozco a Emilio y no va a ser fácil que tire la toalla. Pemex ve valor en YPF, en Repsol y en el hecho de que se llegue a un acuerdo», dijo al diario económico Expansión.
A través de Lozoya, en junio, Galuccio envió a Madrid una oferta de compensación por el 51% de las acciones expropiadas a Repsol. Consistía en un pago en bonos de 1500 millones de dólares más una participación minoritaria en un «joint venture» controlado por YPF para explotar una parte de Vaca Muerta.
Brufau, a quien el kirchnerismo considera el gran enemigo en esta pelea, la rechazó, con respaldo unánime del directorio de Repsol, al calificarla de «insuficiente» e «inflada» en la valoración de los terrenos ofrecidos. La multinacional española reclama ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) una compensación de 10.500 millones de dólares.
Galuccio advirtió que si no acepta las ofertas de asociación «por las buenas», el Gobierno zanjará el conflicto con un pago unilateral de 1500 millones de dólares, suficientes para cumplir la ley argentina de expropiación.
En la empresa y en la Casa Rosada saben que Repsol lo rechazaría y seguiría litigando, pero suponen que la presión política allanará el operativo interno que encabezará Pemex (con ayuda en las sombras del grupo financiero La Caixa, otro de los grandes accionistas de la petrolera española).