YPF demandará a la ONG que le bloqueó la compra de combustible

YPF demandará a la ONG Unión de Consumidores de Argentina (UCA) por “falsedad y ocultamiento de información”, después de que el presidente de esa ONG dijera que la empresa violó una orden judicial en el marco de una licitación internacional para la compra de gas natural licuado.

La petrolera rechazó esas acusaciones e indicó que “todas las actuaciones se encuentran dentro del marco normativo vigente”.

La presentación de la compañía se realizó horas después de que el presidente de UCA, Fernando Blanco Muiño, demandara también a YPF por supuestamente haber adjudicado decenas de barcos con gas natural licuado al grupo español Gas Natural Fenosa (GNF) pese a la prohibición judicial, según publicó El Cronista.

La posibilidad de que la empresa española GNF, controlada por Repsol, participe de un concurso privado organizado por YPF para adquirir 100 cargamentos del combustible por unos u$s 4.500 millones con entrega en 2014 y 2015, quedó bloqueada por una medida cautelar pedida por la ONG que será demandada.

Sin embargo, la petrolera adjudicó días atrás unos 50 buques a GNF, el principal proveedor de gas natural licuado (GNL) al país sudamericano, según reportó un matutino porteño, lo que desató la demanda judicial de UCA y la inmediata respuesta de la compañía estatal.

Hoy YPF sostuvo que «no hay un conflicto de interés en esta licitación, porque la empresa actúa en todo el proceso por cuenta y orden de (la compañía estatal) ENARSA, que es el comprador final del GNL».

«ENARSA no tiene vínculo societario alguno con las empresas que participaron del proceso licitatorio. Pero incluso, en el supuesto caso en que YPF fuese el comprador del GNL, no habría ninguna incompatibilidad para realizar una operación de este tipo», señaló YPF.

La petrolera indicó que «parece un despropósito que una Asociación que dice defender los intereses de los consumidores argentinos, promueva una medida que, de concretarse, al restringir la concurrencia de oferentes, aumentaría los precios de adquisición del gas por el Estado Argentino».