YPF dice que seguirá importando gas licuado pese a las trabas judiciales

Pese a los cuestionamientos en la Justicia planteados por una asociación de consumidores y una medida cautelar en contra que emitió el juez federal Enrique Lavié Pico el lunes pasado, YPF avanzará con el concurso para importar gas natural licuado (LNG, según sus siglas en inglés) que cerró el viernes pasado. Así lo confirmó ayer el presidente de la compañía, Miguel Galuccio.

«Vamos a seguir adelante con las compras a GNF [la española Gas Natural Fenosa]. Estamos haciendo las cosas bien. Si la Justicia encuentra motivos y nos dice que paremos, lo haremos», explicó el ejecutivo. Ante la consulta sobre las eventuales dificultades que podría traer aparejada la judicialización de las compras de gas natural licuado, sostuvo: «Si la Justicia frena la entrada de barcos en Escobar, sí sería un problema para YPF».

El ejecutivo dialogó algunos minutos con la prensa en el marco de un acto que la empresa realizó en su torre de Puerto Madero, donde abrió la muestra denominada «La seguridad y los trabajadores», que mostró material sobre el archivo histórico de la empresa en relación con las comunidades petroleras. La cita convocó a algunos pesos pesados del negocio, entre ellos Alejandro Bulgheroni, dueño de Bridas, junto a su hermano Carlos, y Hugo Eurnekian, mano derecha de Eduardo Eurnekian en el negocio energético. Galuccio insistió en que «YPF es una empresa privada, así lo dice en la ley de expropiación», para explicar por qué no realizó una licitación pública. E insistió en que los especialistas en LNG sostienen que en este momento del mercado es fundamental asegurarse el abastecimiento.

El viernes, YPF estipuló que GNF era una de las compañías ganadoras del concurso que había lanzado por cuenta y orden de Enarsa para traer gas al país durante 2014 y 2015 en unos 100 cargamentos, por un valor estimado en US$ 4500 millones. Pero en ese momento estaba vigente una medida cautelar (que luego fue apelada por YPF) pedida por la Unión de Consumidores Argentinos (UCA), que conduce Fernando Blanco Muiño. Según esa entidad, hay un conflicto de intereses en la operación debido a que GNF tiene entre sus accionistas a la española Repsol, que tras la estatización de YPF mantiene un porcentaje en el capital social de la empresa local.

Las fricciones entre UCA y la petrolera fueron en aumento en los últimos días. Anteayer, Blanco Muiño se había preguntado: «¿Qué interés superior puede tener Galuccio al burlarse de la Justicia e incumplir un fallo? ¿Se puede creer que por el solo hecho de decir que todo el proceso, al que malintencionadamente llama «licitación», cuando en realidad fue un concurso privado de precios, fue controlado por un escribano, gana en legalidad?», de acuerdo con lo publicador por La Nación.

YPF retrucó el mismo lunes por la tarde. En un comunicado, enfatizó que «no hay un conflicto de interés en esta licitación, porque la empresa actúa en todo el proceso por cuenta y orden de Enarsa, que es el comprador final del GNL». Y avisó que demandaría a UCA por «falsedad y ocultamiento de información», debido a que la organización no le había informado al juez que había sido suspendida del registro de asociaciones por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.

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