La petrolera YPF entregará a la Justicia un acuerdo, de los 26, que firmó con la empresa Chevron el 19 de diciembre de 2012 como resultado de la presentación que realizó el ex senador santafesino Rubén Giustiniani en reclamo de transparencia ante la reserva con que la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo este contrato.
La presentación de YPF se concretará ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 en función del dictamen que emitió la Corte Suprema de Justicia el pasado 10 de noviembre de 2015, ordenando al Gobierno de entonces hacer públicas las cláusulas secretas del acuerdo.
«Ganó Giustiniani. Hay que ser buen perdedor y cumplir con la ley. De todas maneras, recientemente se sancionó una ley de acceso a la información pública que claramente nos protege y deja mucho más claro el tema. Por eso, nuestra visión es que, más allá de la buena voluntad, si se sienta precedente es un daño muy fuerte para YPF y sus 20.000 empleados, ya que los inversores se van a retraer si a la hora de firmar un contrato con YPF se encuentran en una vidriera», señaló Sebastián Mocorrea, vicepresidente de Comunicación y Relaciones Institucionales de YPF.
Los acuerdos contractuales entre YPF y Chevron por la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta involucran a una serie de empresas subsidiarias que incluyen una cepa adicional de protección en holdings de Uruguay y Bermudas, con el objetivo de evitar eventuales embargos por conflictos latentes que involucraban a una y otra parte en el momento de firmar los contratos: fondos buitre en el caso argentino y derrame en Ecuador por el lado de Chevron.
La operación se realizó a través de 26 contratos, de los cuales 12 fijan los términos y las condiciones legales y comerciales de la inversión y operación, mientras que los 14 restantes hacen foco en el cumplimiento de las condiciones contractuales, en función de las acciones de Chevron.
Uno de estos 26 contratos (Proyect Investment Agreement-PIA) será entregado mañana jueves por YPF en sede judicial, cumpliendo de esta manera con los sucesivos fallos judiciales que llegaron hasta la máxima instancia, la Corte Suprema de Justicia, y avalaron la presentación del ex senador santafesino por el socialismo, Rubén Giustiniani, en cuanto al acceso a los detalles y las cláusulas del convenio.
Mocorrea anticipó detalles de la respuesta que la empresa dará a la Justicia durante una presentación a la prensa de los acuerdos con Chevron. En esta difusión del contenido de los acuerdos, el ejecutivo no hizo otra cosa que transmitir la posición de YPF de cara al escenario judicial, en esta oportunidad acompañado por Daniel González (Vicepresidente Finanzas-CFO); Germán Fernández Lahore (Vicepresidente de Servicios Jurídicos) y Pablo Vera (Gerente de Desarrollo de Negocios).
«El acuerdo con Chevron no es más secreto que la mayoría de los que tiene esta compañía, con las reglas de confidencialidad y estándares normales del mercado, regidas por el derecho privado. YPF es una sociedad anónima, no es monopólica, y compite con otras empresas», remarcó Mocorrea.
Más allá de que en sede judicial se cumplirá con la formalidad de entregar «uno de los 26 contratos firmados, no tenemos nada que ocultar y pondremos la totalidad de los mismos a disposición».
«Vaca Muerta necesita entre 20.000 y 25.000 millones de dólares de inversión en los próximos 6 años para ponerse en escala. Si se logra este objetivo Estados Unidos y Argentina van a dictar las reglas de juego», añadió Mocorrea.
Daniel González detalló cómo, y cuándo, fueron los desembolsos de Chevron para el proyecto Loma Campana en Vaca Muerta y aclaró que la totalidad de los recursos «ingresaron directamente al Banco Central» y suman hasta el momento «2.800 millones de dólares al tipo de cambio oficial, lo que da un promedio de 7,90 pesos por dólar ingresado».
«Los dólares entran de Estados Unidos directamente a la Argentina, no pasan por ningún paraíso fiscal ni por cuentas de individuos, por lo tanto no hay ninguna sociedad ni cuentas a nombre de ejecutivos de YPF. Cada dólar que salió de Chevron terminó en Loma Campana y entró por el mercado oficial», añadió González.
De todas maneras, el ejecutivo admitió que con la premisa de «blindar los flujos de fondos» se diseñó una «estructura compleja» de sociedades al sólo efecto de impedir eventuales de riesgos de «dólares que pudiesen quedar en el camino».
En este contexto de crearon las siguientes sociedades: Wokler Investment S.A, YPF Shale Oil Holding Ltd., YPF Shale Oil Investment I LLC, YPF Shale Oil Investment II, LLC y Compañía de Hidrocarburo No Convencional S.R.L.
Esta estructura, según afirman en YPF, le da un marco de protección a la inversión productiva de ciertas contingencias legales y la subsidiaria Chevron asume plenamente el riesgo petrolero, tanto desde lo económico como desde lo operativo.
Los ejecutivos, además, subrayaron que «YPF administra pero el interés económico es de Chevron, ya que pusieron todo el capital y todos los flujos existentes corren por estas sociedades».
Una vez realizada la prueba piloto, Chevron tenía la posibilidad de retirarse bajo la retribución de «tomar por 35 años el 50 por ciento de la producción de los pozos perforados con su plata. Y Chevron decidió continuar».
Si bien YPF entregará a la Justicia el contenido de uno de los 12 contratos principales, en los restantes 11 se fijan los términos y condiciones legales y comerciales de la inversión y operación.
Por ejemplo, en el Farm-in se contempla la cesión del 50% al socio para que ponga todo el capital necesario. El JOA-UTE es un acuerdo de operación conjunta; el GIPCA va por el lado de la garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales y de mantenimiento de la estructura societaria.
Otro contrato, el ECA, regula desembolsos de aportes de capital; el ICLA regula desembolsos a través de préstamos; el TSA 1, regula la contratación de servicios técnicos de socios por parte de la UTE y el TSA 2 regula la contratación de personal del socio asignados a la operación conjunta.
En el DECRE BENEFICTIS se cede al socio los derechos establecidos en el decreto 929-13. El GAS SALE AGREEMENT prevé un acuerdo de monetización conforme a Plan Gas igual que YPF. Y en el CRUDE OIL PURCHASE AGREEMENT se establece un acuerdo de compra de crudo a opción de YPF, mensualmente y a precio de mercado vigente.
Por pedido de Chevron se designó al banco HSBC como agente fiduciario, que, por otra parte, según admitieron los cuadros técnicos de la compañía argentina, «ha sido uno de los bancos que más nos ha financiado».
Los eventuales conflictos entre partes, de acuerdo a sus características, tendrán dos escenarios para dirimirse: por un lado la ley de Nueva York y por otro la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París.
Según informaron en YPF hasta junio de este año el impacto del proyecto de inversión en Loma Campana produjo los siguientes resultados: actividad en 500 pozos (29 este año), un acumulado de inversión total que alcanza los 5.250 millones de dólares y un ingreso de divisas por parte de Chevron que se ubica en torno a los 2.800 millones de dólares.