La Argentina parece condenada a chocar varias veces con la misma piedra (o el mismo tribunal). Una demanda contra el país e YPF por la estatización de la petrolera, que aún no fue cuantificada, pero que se estima que será millonaria, acaba de ser presentada en Estados Unidos por un gigantesco estudio de abogados dedicado a comprar juicios en cualquier parte del planeta. Por sugerencia de los demandantes, el expediente recaló en el despacho del juez Thomas Griesa, el más criticado por el gobierno de Cristina Kirchner debido a su fallo en favor de los fondos buitre.
El mes pasado, Burford Capital Limited, un megabufete con activos por más de 500 millones de dólares, presentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la Argentina por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con accionistas de YPF. El Gobierno enfrenta la acusación de no haber respetado el estatuto de la empresa en el momento de la estatización, en abril de 2012.
Los reglamentos de YPF indican que cualquier adquisición de una porción de control de la petrolera (como la que tomó el Estado, del 51%) obliga a hacer una oferta por todas las acciones, algo que no ocurrió.
Burford encabezó la demanda a través de las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi había creado en España junto a otra bajo las leyes australianas con la intención de esquivar el riesgo argentino y obtener créditos de Repsol (la anterior controlante de YPF) para comprar una parte de la compañía, en 2008.
Tras la estatización, ambas empresas quebraron y la justicia española les vendió la posibilidad del juicio a quienes hoy querellan contra el país para sumar fondos y pagarles a los acreedores.
La familia local, por su parte, perdió relación con ambas compañías.
La demanda de Burford se presentó en Nueva York el 8 del mes pasado. Según el expediente, que vio La Nación, el mismo día fue referido al juez Griesa.