La estatizada YPF rechazará una demanda que la involucra en un litigio que enfrenta una vez más a la Argentina y a un grupo de holdouts y que en este caso tiene como foco irregularidades en la estatización de la petrolera que se llevó a cabo en el año 2012. A través de un comunicado elevado ayer a la Bolsa de Comercio y a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa que conduce Miguel Galuccio, informó que «el análisis jurídico pormenorizado de la demanda que YPF llevará a cabo en orden a su defensa, la Sociedad desde ya rechaza categóricamente las acusaciones formuladas en la demanda, las cuales considera totalmente improcedentes y defenderá enérgicamente sus intereses».
La semana pasada se conoció que el juez estadounidense Thomas Griesa, a cargo del juicio, estableció que YPF tiene hasta el 17 de agosto para poner a disposición «su respuesta o moción para rechazar la demanda» que presentó a principios de abril Burford Capital Limited, un megabufete internacional con activos por más de u$s 500 millones que se dedica a la industria del litigio corporativo. Lo que hizo este grupo especulativo fue comprar el juicio que tenían las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía contra la petrolera y el país, y que habían sido creadas en 2008 para adquirir el 25% de las acciones de YPF.
Después de la estatización, ambas empresas de la familia Eskenazi quebraron y perdieron el control de los activos de la compañía hidrocarburífera. Más tarde, la justicia española habilitó la chance de que los administradores de la quiebra, que ya no eran los Eskenazi, vendieran el litigio y ahí fue que la causa cambió de manos.
El escrito presentado por Burford argumenta que el gobierno argentino, al momento de lanzar la expropiación de la mayoría accionaria en abril de 2012, no realizó una oferta pública de adquisición sobre las acciones a un precio predeterminado para retomar el control de la firma, tal como lo establecían «los estatutos de YPF».
Todavía se desconoce cuánto es el monto de la demanda, pero se descarta que es millonario.
Ayer YPF informó antes las autoridades bursátiles (al ser una empresa que cotiza en la Bolsa) que «ha sido notificada de la demanda y que la empresa y Petersen han acordado el plazo para responder la demanda, lo cual ha sido autorizado por el juez interviniente». Fuentes de la compañía con mayoría estatal señalaron a El Cronista que la empresa presentará el mismo 17 de agosto sus argumentos para rechazar la demanda.